Madrid, 30 de enero de 2025 – El reciente rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus genera un impacto directo en la movilidad eléctrica en España.
Entre las medidas que han decaído, está la prórroga del Plan MOVES III, que ofrecía subvenciones significativas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga.
Esta decisión no solo encarece la transición hacia una movilidad más sostenible para los ciudadanos, sino que también compromete el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea.
La experiencia reciente de Alemania, donde la eliminación de ayudas similares provocó una caída del 27,4% en las ventas de vehículos eléctricos en 2024, sirve como una clara advertencia de lo que podría suceder en España si no se toman medidas correctivas.
Aunque la paridad de precios entre los vehículos eléctricos y los de combustión interna está cada vez más cerca gracias a los avances tecnológicos y a las economías de escala en la producción, es importante destacar que ya hoy en día el coste total de propiedad (TCO) de un vehículo eléctrico resulta más favorable que el de uno térmico.
Este ahorro no solo se refleja en el precio por kilómetro recorrido, que es considerablemente más bajo para los vehículos eléctricos, sino también en el menor gasto en mantenimiento y, dependiendo del mix y la estrategia de recarga, en una significativa reducción del coste energético a medio plazo.
Por otro lado, este tipo de ayudas no solo son un apoyo económico, sino que también generan confianza en los consumidores y empresas al ofrecer un marco estable que favorece las decisiones de inversión.
Su ausencia podría generar incertidumbre y ralentizar una transición que, más que un objetivo deseable, es una necesidad urgente.
La promoción de vehículos eléctricos no es solo una cuestión de innovación tecnológica; es una herramienta esencial para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades y garantizar un futuro más sostenible. Para que esta transición sea justa y accesible para todos, resulta imprescindible que las políticas públicas sean coherentes, ambiciosas y estables en el tiempo.
Desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades competentes para que reconsideren la implementación de medidas que incentiven la movilidad eléctrica. La transición hacia una movilidad más sostenible trasciende las ideologías políticas: es un compromiso compartido que impacta directamente en el bienestar presente y futuro de nuestra sociedad.
Alberto Cantero, CEO de Wenea
